En una tarde con aroma a café, La Tacita de Plata sirve hoy la última taza de una conversación que empezó hace mes y medio. No es una taza de victoria. Tampoco de derrota. Es una taza de cuentas claras — de esas que se sirven cuando el ruido se apaga y por fin se puede pensar.

En Guatemala hay una costumbre silenciosa: celebrar los alivios antes de saber si son reales. Un precio que baja se aplaude el mismo día. Una cifra que mejora se convierte en titular antes del mediodía. Una foto en el surtidor circula antes de que alguien pregunte de dónde salió el dinero. El país aprendió a festejar el síntoma y a no leer nunca el diagnóstico.

El Decreto 11-2026 vive de esa costumbre. Hace pocos días, el Ministerio de Energía y Minas publicó una infografía impecable: el precio promedio de la gasolina regular en la Ciudad de Guatemala, con el apoyo social temporal aplicado, marcaba Q36.56. Por debajo del promedio regional de América Latina. Una baja visible, medible, fotografiable. Y el mensaje, repetido en cada canal oficial, cabía en tres palabras.

“El subsidio funcionó.”

Esa frase es el corazón de este análisis — porque es la frase que conviene examinar con calma antes de aceptarla. No para negar que el precio bajó: bajó, y los datos lo confirman. Sino para hacer la pregunta que la infografía no hace y que la celebración deja pasar. Un subsidio no se juzga por lo que muestra el día de la foto. Se juzga por su diseño. Y un diseño no se evalúa contra un solo futuro conveniente — se evalúa contra todos los futuros posibles.

El precio internacional del petróleo, del que depende cada gota de combustible que Guatemala consume, solo puede hacer tres cosas en los próximos meses: bajar, subir, o quedarse más o menos donde está. No hay una cuarta opción. Y la prueba decisiva para el Decreto 11-2026 — la única que importa de verdad — es simple de enunciar: ¿en cuántos de esos tres escenarios el subsidio fue una buena decisión?

La respuesta, y a esto dedicaremos la taza de hoy, es en ninguno. Vamos a recorrerlos uno por uno.

Hay que empezar por concederle al gobierno todo lo que pide. El precio bajó. No es discutible y no tiene sentido fingir lo contrario. La gasolina regular en autoservicio pasó de cotizar alrededor de Q41.56 a comienzos de mayo a Q36.56 con el descuento aplicado. Cinco quetzales menos por galón en las gasolinas; ocho quetzales menos en el diésel. El conductor que llena el tanque lo siente. El transportista que mueve carga lo siente todavía más. La infografía del Ministerio de Energía y Minas lo documenta. El logro, en su superficie, existe.

La pregunta no es si la foto es real. Es qué hay fuera del encuadre. Y lo que queda fuera del encuadre es la factura — porque ese descuento no lo absorbió el aire. Salió de algún lugar concreto, identificable, escrito con números exactos en el propio decreto que el Congreso aprobó el 14 de abril.

El artículo 5 del Decreto 11-2026 es explícito, y conviene leerlo con cuidado porque ahí está el dato que ningún comunicado oficial repite. El subsidio cuesta Q2,000 millones. De ese total, Q808 millones provienen de endeudamiento. No es una interpretación: el numeral 1 del artículo lo nombra con todas sus letras — renglón 24, “Endeudamiento Público Interno”; subgrupo 10, “Colocación de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo”; concepto, “Colocación de Bonos”, Q808,000,000. El decreto, firmado y publicado en el Diario de Centro América, dice la palabra que la conferencia de prensa evitó: bonos.

Otros Q808 millones provienen de recortar el presupuesto de tres ministerios, también nominados uno por uno en el numeral 2: Q550 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda — de los cuales Q350 millones salen de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Q200 millones de la Dirección General de Caminos —; Q200 millones al Ministerio de la Defensa; y Q58 millones al Ministerio de Agricultura. Los Q384 millones restantes salen de reordenamientos presupuestarios que el numeral 4 faculta al Ministerio de Finanzas a definir, sin detallar de qué dependencias.

Conviene detenerse en el primer componente, porque es el que cambia la conversación. El gobierno repitió en cada conferencia que el subsidio no implicaba deuda nueva. El artículo 5, numeral 1, del decreto que ese mismo gobierno ejecuta, dice “Colocación de Bonos de Deuda Interna a Largo Plazo”. No hay dos lecturas posibles. Se contrajo deuda de largo plazo para pagar un alivio de noventa días. El guatemalteco que llena el tanque hoy consume el beneficio completo; el guatemalteco que pague esos bonos a futuro no recibió ningún descuento. Uno disfruta, el otro paga, y el decreto los separó deliberadamente en el tiempo.

Esos Q808 millones de deuda, además, no caen sobre una hoja en blanco. Según datos del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado — los mismos que el diputado Mynor Alfonso de la Rosa hizo públicos en abril — la administración actual contrató 11 préstamos externos por Q14,544 millones en sus primeros dos años de gestión. Es más de lo que las dos administraciones anteriores contrataron: Giammattei, Q10,644 millones; Morales, Q5,118 millones. Y hay un dato que pesa todavía más: de esos 11 préstamos, 10 registran 0% de ejecución en 2026. El país ya está pagando deuda que no se ha convertido en obra. El subsidio no se financió desde la holgura: se financió agregando un piso más a una torre que ya venía creciendo rápido y vacía.

El precio en el surtidor bajó. La pregunta es quién lo pagó — y la respuesta es: el mismo que llena el tanque, más sus hijos, que todavía no manejan.

Aquí está la primera grieta de la frase “el subsidio funcionó”. Funcionar, para un mecanismo público, no puede significar únicamente “produjo un número visible”. Si así fuera, cualquier cosa funciona: basta con gastar suficiente dinero para mover cualquier indicador durante un trimestre. La pregunta seria es otra — si ese número visible justifica lo que costó conseguirlo. Y para responderla hay que salir de la foto y entrar en el terreno que la foto no muestra: el futuro. Los tres futuros.

Empecemos por el futuro más amable para el gobierno. Supongamos que el conflicto en Medio Oriente se resuelve, que el Estrecho de Ormuz se reabre por completo, que la oferta mundial se normaliza y el precio internacional del crudo cede. Es un escenario plausible. De hecho, es en parte lo que se observa en los datos más recientes.

El petróleo WTI cerró el 18 de mayo en USD 108.66 por barril. Tres días después, el 21 de mayo, cotizaba en USD 97.35 — una caída de más de once dólares, superior al 10%, en setenta y dos horas. Y eso ocurrió después de una semana en que había subido casi un 10% en la dirección contraria. El crudo, en cuestión de días, hace y deshace movimientos de dos dígitos sin pedirle permiso a nadie.

Pongámonos por un momento en la versión optimista de este escenario: el precio sigue bajando y se estabiliza en un nivel cómodo. El galón, en Guatemala, bajaría. Bajaría de verdad. Y aquí viene la pregunta incómoda — la que el gobierno preferiría que nadie hiciera: si el precio internacional baja, ¿quién hizo bajar el galón?

No fue el subsidio. Fue el mercado. Guatemala importa el 100% de los combustibles que consume; cuando el precio internacional baja, el precio interno baja por gravedad, sin que ningún decreto intervenga. Eso significa que, en este escenario, el Estado gastó Q2,000 millones —Q808 de ellos en bonos de deuda— para empujar hacia abajo un precio que ya venía cayendo solo. Pagó, y pagó caro, por una rebaja que el mercado estaba entregando gratis.

Cuando el petróleo baja, el subsidio no causa el alivio. Se cuelga de él, se pone la medalla, y le pasa la factura al contribuyente.

Es el equivalente fiscal de abrir un paraguas adentro de la casa y, cuando escampa afuera, cobrarse el mérito de que ya no llueve. El escenario más favorable para el gobierno —el del petróleo a la baja— resulta ser, en realidad, el más vergonzoso: es el escenario en que queda más claro que el subsidio era innecesario. La conclusión de esta primera rama es inapelable. Si el petróleo baja, el subsidio fue dinero — y deuda — desperdiciado.

Concedámosle ahora al gobierno el escenario contrario, y concedámoslo completo. Supongamos que el subsidio sí era necesario porque el petróleo, lejos de bajar, se dispara. El conflicto se agrava, Ormuz se mantiene cerrado, la oferta mundial se contrae y el crudo escala. ¿Salva ese escenario al Decreto 11-2026? Tampoco. Y la razón está escrita en el propio diseño de la medida.

El subsidio del Decreto 11-2026 es de monto fijo: Q8 por galón de diésel, Q5 por galón de gasolina. No son porcentajes. No se ajustan. No se indexan al precio internacional. Son ocho y cinco quetzales, congelados, pase lo que pase. Y un alivio fijo enfrentado a un costo variable solo puede terminar de una manera.

La aritmética es sencilla y por eso es difícil de refutar. Tomemos el diésel, que carga el subsidio más alto. Si el barril sube lo suficiente para encarecer el galón en Q6, del subsidio de Q8 al transportista le quedan Q2 reales de alivio. Si el alza internacional encarece el galón en Q8, el alivio es exactamente cero: el descuento existe en el papel del decreto, pero ya no existe en el bolsillo. Y si el barril sigue subiendo, el consumidor termina pagando más que antes del subsidio — mientras el Estado mantiene la ficción contable de que está ayudando. Con la gasolina y su subsidio de Q5, el mismo mecanismo opera con un margen aún más estrecho.

A esto se le llama, con precisión técnica, un subsidio que se evapora. No por mala ejecución, no por corrupción, no por mala suerte: por diseño. Un monto fijo lanzado contra un precio variable está derrotado desde el día de su redacción. Solo funciona si el precio se queda quieto — y la primera infografía de este análisis muestra que el precio del petróleo es justamente lo único que nunca se queda quieto.

Pero todavía hay una capa más, y es la que vuelve este escenario verdaderamente grave. Cuando el subsidio se evapore, el shock no llegará en el vacío: llegará con el agravante de la fecha. El Decreto 11-2026 tiene una vigencia de tres meses contados desde la publicación del reglamento, o hasta que se agote el presupuesto asignado. En la práctica, eso ubica su vencimiento entre finales de julio y principios de agosto.

Julio y agosto son meses de demanda alta de combustible en Guatemala. Si en esas semanas el petróleo está caro, el gobierno se topará de frente con tres salidas, y vale la pena nombrarlas porque las tres son malas. Puede dejar que el precio rebote de golpe — y absorber el costo político de que el surtidor salte varios quetzales en cuestión de días. Puede pedir al Congreso una extensión — y emitir más deuda sobre la deuda ya emitida. O puede hacer el subsidio permanente — y convertir una medida de emergencia en un gasto estructural recurrente, el camino que Venezuela tomó en 1945 y del que no ha vuelto.

Un subsidio fijo contra un precio variable no es una política. Es una cuenta regresiva con fecha de vencimiento en agosto.

De modo que el segundo escenario tampoco rescata la medida. Si el petróleo sube, el subsidio se evapora y además entrega al país, en su peor mes, a un callejón sin salida buena. La rama dos lleva al mismo lugar que la rama uno.

Queda el tercer futuro, y es el que el gobierno nunca menciona porque a primera vista parece darle la razón. Supongamos que el precio del petróleo no baja ni sube de forma dramática: se mantiene, durante los tres meses del decreto, más o menos donde está. El subsidio entrega sus Q8 y sus Q5 completos, sin evaporarse. La foto del Ministerio se sostiene los noventa días enteros. ¿No es este, al fin, el escenario donde el subsidio funcionó?

No, y la razón es la más sencilla de todas. Hay que mirar el calendario. El decreto dura tres meses. Al cabo de esos tres meses, el subsidio termina — y el precio del galón vuelve, inevitablemente, al nivel que marque el mercado internacional en ese momento. Si el petróleo se mantuvo estable, ese nivel es el mismo de antes del subsidio. El país regresa exactamente al punto de partida.

Con una diferencia. El punto de partida al que se regresa no es idéntico al punto de partida original — porque ahora carga con todo lo que el decreto dejó en el camino. Se gastaron Q2,000 millones. Se emitieron Q808 millones en bonos de deuda que habrá que pagar con intereses. Se le restaron Q550 millones al presupuesto de carreteras, Q200 millones a Defensa, Q58 millones a Agricultura. Y a cambio de todo eso, el precio del combustible está, en agosto, donde estaba en abril.

Se pagó una fortuna, se hipotecó una década, y el precio terminó donde empezó. Eso no es un subsidio que funciona: es un subsidio que cuesta.

Es el escenario más revelador de los tres, precisamente porque es el que parecía favorable. Aun concediéndole al gobierno que el precio se quede perfectamente quieto —el mejor caso imaginable para la medida—, el resultado es que Guatemala compró tres meses de alivio temporal al precio de una deuda permanente. Pagó renta de veinte años por hospedarse noventa días. La rama tres, la que parecía la excepción, desemboca en la misma conclusión que las otras dos.

Pongamos las tres sobre la mesa, juntas, porque es viéndolas juntas como se entiende el problema de fondo. Si el petróleo baja, el subsidio fue un gasto innecesario: el mercado ya estaba bajando el precio gratis. Si el petróleo sube, el subsidio se evapora y entrega al país a un callejón sin salida en agosto. Si el petróleo se queda igual, el subsidio compra un alivio de tres meses al precio de una deuda de veinte años, y el país vuelve al punto de partida endeudado.

Bajar, subir, mantenerse: no hay un cuarto camino que el precio del petróleo pueda tomar. Y los tres caminos que existen conducen, sin excepción, al mismo veredicto. No hay un solo futuro —ni el más optimista, ni el más pesimista, ni el más neutro— en el que el Decreto 11-2026 haya sido una buena decisión.

Esto es lo que cambia por completo el peso de la frase oficial. “El subsidio funcionó” no es falso porque el precio no haya bajado — bajó. Es falso porque “funcionar” exige que la medida resista la prueba del diseño, y esta no la resiste en ninguna de sus formas posibles. Una política pública que solo se ve bien en la foto de un lunes, y que pierde en los tres escenarios en que puede desembocar el martes, no es una política que funcionó. Es una apuesta que se perdió antes de hacerse — y que se pagó con dinero prestado.

La diferencia entre un buen y un mal economista, escribió Frédéric Bastiat hace más de siglo y medio, es que el malo se queda en lo que se ve, mientras el bueno cuenta también con lo que no se ve. Lo que se ve es el galón más barato y la infografía oficial. Lo que no se ve es todo lo demás: los Q808 millones en bonos de deuda, las carreteras que se quedaron sin presupuesto, el callejón de agosto, y la certeza —ya verificable— de que el precio del petróleo nunca iba a quedarse quieto el tiempo suficiente para que la apuesta saliera bien.

Hasta aquí, el lector escéptico podría decir que todo esto es razonamiento — lógica de escenarios, proyección de futuros. Es una objeción justa. Por eso conviene cerrar con un hecho que no es proyección, sino acontecimiento consumado: ya existe un combustible que el Decreto 11-2026 dejó fuera, y ya sabemos qué le pasó.

El decreto cubre diésel, gasolina superior y gasolina regular. No cubre el gas propano — el combustible con que cocinan cientos de miles de hogares guatemaltecos, con presencia especialmente alta en los hogares de menores ingresos. El gas propano quedó fuera del paraguas. Y la realidad no tardó en mostrar qué significa quedar fuera.

El 14 de abril el Congreso aprobó el decreto sin incluir el gas propano. El lunes 20 de abril —cinco días después— las distribuidoras anunciaron precios nuevos. El cilindro de 25 libras subió de Q98 a Q110. El de 35 libras, de Q137 a Q154. El de 100 libras, de Q392 a Q440. Alzas de entre 12.2% y 12.4% en todas las presentaciones. Los precios habían estado estables desde el 18 de diciembre de 2025 — cuatro meses sin moverse, hasta que se movieron justo después de la firma.

El Ministerio de Energía y Minas confirmó el alza y la atribuyó, en sus propias palabras, al aumento internacional del petróleo y a las tensiones en Medio Oriente. Y aquí está lo decisivo: esa es exactamente la misma causa que el gobierno invocó para justificar el subsidio a la gasolina y el diésel. La misma fuerza internacional, el mismo origen, el mismo momento. Sobre unos combustibles, el Estado decidió intervenir con Q2,000 millones. Sobre el otro, no hizo nada. Y el que quedó sin intervención subió de inmediato.

El gas propano es la prueba de control del experimento: el combustible que no recibió subsidio mostró, en cinco días, lo que el subsidio apenas estaba aplazando en los demás.

Para la familia que cocina con un cilindro de 25 libras al mes, esa alza significa unos Q144 más al año. Para la que usa el de 35 libras, unos Q204. No es la cifra más grande de este análisis, pero es quizá la más honesta — porque muestra, sin necesidad de proyectar ningún escenario, lo que el precio de los combustibles hace cuando ningún decreto lo está maquillando. El gas propano no es la excepción del Decreto 11-2026. Es su espejo.

La trilogía que hoy se cierra tuvo un arco sencillo. La primera taza, en abril, propuso una salida técnica antes de que el decreto se aprobara: exoneración permanente del Impuesto a la Distribución del Petróleo, suspensión del IVA en la cadena de suministro, sin deuda y sin intermediarios. La segunda, días después de la aprobación, abrió el decreto y leyó en voz alta lo que costaba. Esta tercera no tuvo que proyectar casi nada: solo ordenar los hechos y dejar que el calendario hablara.

Y lo que el calendario dice es esto. El precio del petróleo subió y bajó más de diez dólares en cuestión de días, y volverá a hacerlo, porque esa es su naturaleza. El gas propano, sin paraguas, subió en cinco días. El subsidio vencerá en agosto, en el peor mes posible. Los Q808 millones en bonos de deuda quedarán por pagarse durante años, mucho después de que el último galón subsidiado se haya quemado. Y el galón, cuando el decreto termine, valdrá lo que el mercado diga que vale ese día — ni un centavo menos por haber gastado Q2,000 millones.

El Ministerio de Energía y Minas tiene razón en un punto, y es justo reconocerlo: el precio bajó. Lo que la infografía oficial no dice es que un precio que baja por decreto temporal no es lo mismo que un problema resuelto. Es un problema aplazado, envuelto para regalo, con la factura adentro y la fecha de entrega escondida. Guatemala no recibió una solución en abril. Recibió una cuenta con pago diferido.

Esta es la última taza de la trilogía. Se sirve vacía a propósito — porque lo que quedaba por dentro, que eran los Q2,000 millones, ya se gastó; y lo que queda por fuera, que es la deuda, todavía no se ha terminado de pagar. La crisis del combustible no se resolvió. Solo se le cambió la fecha. Y esa, también, es una decisión que alguien tomó.

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— Byron Castro | La Tacita de Plata · tacitadplatagt.com

Precio del petróleo y contexto internacional

• Investing.com. Datos históricos del Petróleo crudo WTI, periodo 30/04/2026 — 21/05/2026. Cierre 18/05: USD 108.66. Cierre 21/05: USD 97.35.

• Trading Economics. Reportes diarios del WTI y Brent, mayo 2026. Volatilidad intradía y semanal del crudo.

• Agencia Internacional de Energía (AIE). Reporte mensual de mercado, mayo 2026. Situación de oferta global y Estrecho de Ormuz.

• U.S. Energy Information Administration (EIA). Short-Term Energy Outlook, mayo 2026. Proyecciones de precio para el segundo semestre de 2026.

Precios de combustibles en Guatemala

• Ministerio de Energía y Minas (MEM). Infografías oficiales “Precio Promedio Regional” y “Precio Promedio Ciudad de Guatemala — Modalidad Autoservicio”. Precio gasolina regular con apoyo social temporal: Q36.56.

• MEM. Sección de Estadística, DAE, DHG. Precios semanales del 23/02/2026 al 12/05/2026.

• Acuerdo Ministerial 189-2026, MEM (Diario de Centro América, 28 de abril de 2026). Mecanismo de cálculo de precios de referencia. Artículo 2: apoyo social temporal de Q5.00 por galón para gasolina regular y superior, y Q8.00 por galón para diésel.

Gas propano

• La Hora. “Anuncian cambios en los precios del gas propano desde este lunes 20 de abril.” Heidi Loarca, 20 de abril de 2026. Cilindro 25 lbs: Q98 → Q110. Cilindro 35 lbs: Q137 → Q154. Cilindro 100 lbs: Q392 → Q440. Confirmación del MEM atribuyendo el alza al precio internacional del petróleo.

• La Hora. “Mineco prevé incremento del precio del gas propano como consecuencia de guerra en Irán.” 27 de marzo de 2026.

Decreto 11-2026 y finanzas públicas

• Congreso de la República de Guatemala. Decreto Número 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas. Aprobado el 14 de abril de 2026; publicado en el Diario de Centro América el 20 de abril de 2026.

• Decreto 11-2026, Artículo 3: apoyo social temporal de Q8.00 por galón de diésel y Q5.00 por galón de gasolina súper o regular.

• Decreto 11-2026, Artículo 5: Q2,000 millones totales. Numeral 1 — Q808 millones por “Colocación de Obligaciones de Deuda Interna a Largo Plazo / Colocación de Bonos” (renglón 24, Endeudamiento Público Interno). Numeral 2 — Q808 millones en disminución de egresos: Ministerio de Comunicaciones Q550M (UGEE Q350M + Dirección General de Caminos Q200M), Defensa Q200M, Agricultura Q58M. Numeral 4 — hasta Q1,192 millones en reordenamientos presupuestarios a cargo del Ministerio de Finanzas.

• Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (SICOIN). Deuda externa por administración: Morales (5 préstamos, Q5,118M), Giammattei (8 préstamos, Q10,644M), Arévalo (11 préstamos, Q14,544M en 24 meses; 10 de los 11 con 0% de ejecución en 2026). Datos difundidos por el diputado Mynor Alfonso de la Rosa, 15 de abril de 2026. Tipo de cambio de referencia: Q7.64 por US$1.

Marco teórico

• Bastiat, F. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas (1850). Lo que se ve y lo que no se ve en la política económica.

• Hayek, F.A. The Road to Serfdom (1944). Expansión del Estado y el efecto trinquete.

Posts de referencia de La Tacita de Plata

• Castro, Byron. “Guatemala puede resolver la crisis del combustible sin gastar lo que no tiene.” 9 de abril de 2026.

• Castro, Byron. “Decreto 11-2026: la factura política que ahora nos toca pagar.” 15 de abril de 2026.