Échemonos un cafecito, que esta cuenta es larga y conviene tomarla despacio.

En Guatemala hay una regla que cualquier empresario entiende, desde el dueño de la tienda de la esquina hasta el que maneja una fábrica, sin haber pisado una facultad de economía: uno no pide prestado para pagar la luz del mes. Se pide prestado para comprar la máquina, abrir la sucursal o ampliar la bodega. Cosas que producen, y con lo que producen pagan el préstamo. La luz, el alquiler y la planilla se pagan con lo que se vende. El que paga la operación con el banco no está creciendo: está sobreviviendo, y cada mes debe más.

Esa regla no es solo sentido común. Está escrita en la Ley Orgánica del Presupuesto desde 1997. El último párrafo de su artículo 61 lo dice sin rodeos: «No se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos».

Guarde esa frase, porque vamos a volver a ella. Antes, veamos la foto completa.

El proyecto de presupuesto que está en el Congreso, la iniciativa 6841, es de Q192,045.1 millones. La pregunta que casi nadie hace es de dónde sale ese dinero. El propio proyecto lo responde en su página 25:

Sumemos lo prestado: bonos más préstamos son Q45,619.1 millones de deuda nueva. Casi uno de cada cuatro quetzales del presupuesto. Si le agregamos la caja, Q28.30 de cada Q100 no salen de lo que se recauda en el año.

Eso tiene un nombre: déficit. El de 2027 sería de Q48,300.1 millones, el 4.4% del PIB (Cuadro 3, pág. 60). En 2023 fue de 1.3%. En cuatro años, más que se triplica.

Un déficit no es un número abstracto: es la parte del gasto de hoy que vamos a pagar mañana.

Ahora ojo con este dato, porque es el que conecta todo lo demás.

En el mismo Cuadro 3 hay una línea que se llama ahorro corriente. Es la resta más sencilla del presupuesto: lo que entra en el año (impuestos y otros ingresos corrientes) menos lo que cuesta operar el Estado (salarios, bienes y servicios, intereses, transferencias). Si da positivo, sobra algo para invertir. Si da negativo, la operación no alcanza a pagarse sola.

Para 2027 da menos Q9,847.8 millones.

Y no es la primera vez: según los Cuadros Globales del propio Minfin, el ahorro corriente fue positivo en 2023, 2024 y 2025 (1.3%, 1.4% y 1.1% del PIB), se volvió negativo en el presupuesto vigente de 2026 (−0.4%) y se hunde más en 2027 (−0.9%).

En palabras sencillas: lo que entra al Estado en 2027 no alcanza ni para pagar el gasto del día a día. Y si no alcanza, la diferencia solo puede salir de un lugar. Ese lugar es la deuda. Recuerde el artículo 61.

El artículo 80 del proyecto pide autorización para emitir Q42,750 millones en Bonos del Tesoro durante 2027. Así, en letras: cuarenta y dos mil setecientos cincuenta millones.

Para ponerlo en perspectiva: este año el Estado trabaja con Q23,290.9 millones en bonos. El salto es de 83.5% en un solo año.

Los bonos son el 93.7% de toda la deuda nueva de 2027 (Servicios de la Deuda Pública, pág. 2). Los préstamos externos casi se cancelan con lo que se paga: la deuda externa neta incluso baja Q415 millones. Toda la deuda nueva, en la práctica, es interna: la deuda interna sube Q40,150 millones en un año y pasa de ser el 55% al 60.7% del total.

Y para no confundir tres cosas que suenan igual, separémoslas una vez (Servicios de la Deuda Pública, Cuadro 1):

•          Lo que se contrata en 2027: Q45,619 millones (Q42,750 millones en bonos y Q2,869 millones en préstamos).

•          Lo que se paga de capital: Q5,884 millones.

•          Lo que realmente sube la deuda: Q39,735 millones. Ese es el aumento neto del saldo.

Y aparte está el refinanciamiento fuera del techo, del que hablo más abajo: cambia deuda que vence por deuda nueva, así que no aumenta el saldo, pero sí estira el plazo.

El Minfin incluye en la Exposición General de Motivos una gráfica con el saldo de la deuda pública (Gráfica 5, pág. 24). Vale la pena verla año por año:

Al cierre de 2023, antes de que asumiera este gobierno, la deuda era de Q222,576 millones. Si el Congreso aprueba este presupuesto, al cierre de 2027 será de Q320,443 millones. Son Q97,868 millones más en cuatro años: +44%. Y cuatro de cada diez quetzales de ese aumento llegan en un solo año: 2027.

La deuda crece Q97,868 millones en cuatro años: casi un tercio del saldo de 2027 será crecimiento de este período.

Hay que decirlo completo: medida contra el tamaño de la economía, la deuda pasa de 27.2% a 29.4% del PIB, y Guatemala sigue teniendo la deuda más baja de Centroamérica (Riesgos Fiscales, pág. 9). Ese es el dato que va a repetir el Minfin.

Pero el PIB no paga la deuda. La deuda se paga con lo que el Estado cobra, y el Estado guatemalteco cobra poco: los impuestos son apenas el 12% del PIB. Medida contra lo que de verdad entra, la foto cambia: toda la deuda equivale a 2.4 años de toda la recaudación tributaria (iniciativa 6841, pág. 14). Para pagarla habría que entregar todos los impuestos durante casi dos años y medio sin gastar un centavo en nada más. Y mientras contra el PIB la deuda sube apenas dos puntos, contra los ingresos del Estado salta de 212% en 2025 (Riesgos Fiscales, Gráfico 4.1) a más de 230% en 2027.

Hay otro detalle que maquilla el número: las remesas. No entran directamente en el PIB, pero sí lo empujan, porque se gastan. En Guatemala el consumo de los hogares es el 87% del PIB (Banguat, PIB por el destino del gasto, 2025), y una parte importante de ese consumo se paga con lo que mandan los migrantes. En 2025 entraron US$25,530 millones en remesas, unos Q195 mil millones: el equivalente a casi una cuarta parte de todo el consumo de los hogares y 1.7 veces todo lo que el Estado recaudó en impuestos ese año (Q112,530 millones). Ese dinero hace que la economía se vea grande y estable. Pero si un día se frena, el consumo lo va a sentir, la recaudación del IVA también, y la deuda va a seguir ahí.

El PIB no paga la deuda. La pagan los impuestos. Y por cada quetzal que cobra en un año, el Estado ya debe casi dos y medio.

El presupuesto no trae un cuadro que diga «esto es lo que se paga con deuda». Así que hice la aritmética que cualquiera puede replicar: sumé, entidad por entidad, la tabla de «tipo de gasto y fuente de financiamiento» de las 18 entidades del presupuesto. El total cuadra al centavo con los Q42,750 millones del artículo 80.

Para que cualquiera pueda revisar la cuenta, este es el detalle por entidad de los bonos que financian funcionamiento, con la columna 2026 (presupuesto vigente) y 2027 (proyecto). Sale del Cuadro 3 (tipo de gasto y fuente de financiamiento) de los anexos de cada entidad; Servicios de la Deuda no tiene bonos para funcionamiento.

Más de la mitad de la deuda nueva se va a pagar la operación del Estado. Menos de una cuarta parte se convierte en carretera, escuela u hospital.

O sea, exactamente lo que el artículo 61 prohíbe. Y exactamente lo que el ahorro corriente negativo anunciaba.

Algún lector atento va a decir: un momento, el mismo artículo 80 establece que «no podrán financiarse con Bonos del Tesoro aquellas erogaciones que deriven del pago de servicios personales y contrataciones de recurso humano». Es cierto, y hay que decirlo: en el papel, la planilla de los ministerios no se paga con bonos.

Entonces, ¿qué es ese funcionamiento? Insumos, servicios, programas sociales y, sobre todo, transferencias. Solo en Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, la entidad desde donde se traslada dinero al TSE, al Organismo Judicial, al Ministerio Público y a los Codedes, hay Q9,686 millones de bonos para funcionamiento. El Ministerio de Trabajo, que paga el aporte al adulto mayor, tiene Q1,638 millones; el MIDES, Q2,566 millones.

Pero hay dos detalles que no se pueden pasar por alto.

El primero: el dinero no tiene etiqueta. Si con bonos se pagan los insumos, los programas y las transferencias, los impuestos quedan libres para la planilla. El resultado es el mismo: el Estado opera con dinero prestado.

El segundo: el artículo 61 no habla solo de sueldos. Prohíbe financiar con deuda cualquier gasto corriente u operativo. El artículo 80 cierra una puerta pequeña; el artículo 83 abre la grande.

Se cumple la letra chica para poder saltarse la letra grande.

Con una línea. El artículo 83, literal b), del mismo proyecto dice que los bonos «que financien gastos de funcionamiento, se exceptúan de lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 61». La ley anual apaga, por un año, la regla de la ley permanente.

Y aquí está lo más grave: no es la primera vez. La misma excepción viene en el Decreto 36-2024, el presupuesto aprobado para 2025 que sigue rigiendo en 2026. Con la iniciativa 6841 serían tres ejercicios fiscales seguidos con la regla apagada.

Pero justamente ahí está el problema.

Una excepción que se aprueba todos los años ya no es excepción. Es la regla verdadera.

Y lo que cambió es la escala. Con los mismos cuadros del Minfin, entidad por entidad, el presupuesto vigente de 2026 financia con bonos Q11,645.9 millones de funcionamiento. En 2027 serían Q22,915 millones. Casi el doble en un solo año.

¿Puede una ley de un año apagar una ley permanente? En Guatemala, las dos son decretos ordinarios del Congreso y tienen el mismo rango: la Ley Orgánica del Presupuesto no es una ley constitucional, aunque se llame «orgánica». Y la ley de presupuesto, por ser especial y posterior, puede crear la excepción mientras dure. Por eso no digo que sea ilegal. Digo algo peor: que el Congreso desactiva cada año la regla que él mismo escribió para protegernos.

Los anexos del Ministerio de Finanzas, en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, dicen con qué se paga cada partida. Vale la pena leerlos despacio, con el café en la mano. ¿Adivinen qué se paga con bonos?

Las elecciones. El aporte al TSE pasa de Q779.9 millones a Q2,333.3 millones. De eso, Q1,966.2 millones son bonos: 84 de cada 100 quetzales. La Ley Electoral obliga a aumentar el aporte en año electoral (art. 122). Lo que no obliga es a pagarlo con deuda. Y de paso, el artículo 142 del proyecto le autoriza comprar de forma directa, sin la Ley de Contrataciones.

Puerto Quetzal y primera vivienda. Q4,800 millones para ampliar Puerto Quetzal y Q1,000 millones para el Fondo de Primera Vivienda (FAPRIVI). Las dos partidas, el 100% con bonos. Ni un quetzal de lo que se recauda.

Y la lista sigue:

•          Justicia. Q1,522 millones en bonos para el Organismo Judicial y Q1,870.7 millones para el Ministerio Público, más Q900 millones de saldos de bonos anteriores entre ambos.

•          Tarifa social de electricidad. Q900 millones en bonos para el INDE.

•          Codedes. Un aporte extraordinario de Q1,200 millones en bonos, que reparte una secretaría de la Presidencia.

•          Y el propio artículo 80 aclara que dentro del monto van también el aporte al adulto mayor, el apoyo agrícola, las carreteras y los «recursos para cubrir deficiencias netas del Banco de Guatemala».

El argumento oficial es que un puerto o un hospital financiados con deuda dejan algo que después ayuda a pagarla. En teoría, sí. El problema es que primero hay que construirlos.

Los propios cuadros del Minfin lo muestran (Presupuesto Multianual, Cuadro 2, pág. 19). La inversión física ejecutada fue de Q4,993.8 millones en 2023, Q2,895.0 millones en 2024 y Q3,696.3 millones en 2025. Para 2027 se piden Q8,155.3 millones: más del doble de lo que se logró ejecutar el año pasado.

Los hospitales son el ejemplo perfecto. El préstamo del BCIE para cinco hospitales (Chiquimula, Sololá, Mazatenango, Cobán y Jutiapa) se aprobó en 2020 por Q1,479 millones. A junio de 2026 llevaba 27.8% de ejecución, según informó al Congreso la unidad ejecutora del propio Ministerio de Salud (La Hora, 22 de junio de 2026). Seis años después, dos hospitales están en obra y tres siguen en trámites de contratación. El préstamo no es de este gobierno, pero la lección sí le toca.

Y hay otra señal en el mismo presupuesto: dinero de bonos colocados en años anteriores que sigue en el banco sin gastarse. El proyecto 2027 usa por lo menos Q2,246 millones de esa fuente («disminución de caja y bancos de colocaciones internas»), entre ellos Q900 millones para el Organismo Judicial y el Ministerio Público.

Pedir prestado es fácil; ejecutar es lo difícil. Y un bono colocado paga intereses desde el primer día, se use o no el dinero.

Y sobre el puerto: los Q4,800 millones para modernizar Puerto Quetzal son una partida nueva en 2027, financiada 100% con bonos. Con este historial de ejecución, la pregunta no es si el puerto hace falta, que sí hace. La pregunta es cuánto de ese dinero se va a quedar en el banco pagando intereses.

Los Q42,750 millones tampoco son toda la deuda del año. El mismo artículo 80 permite emitir bonos adicionales «hasta por un monto igual al de los vencimientos», con «únicamente afectación contable». Traducido: la deuda que vence se paga con deuda nueva, y esa emisión no pasa por el techo del presupuesto. El artículo 83 permite colocarla a plazos de hasta 50 años.

Cincuenta años es el plazo máximo que se autoriza. No quiere decir que todo se coloque a ese plazo, pero sí que una decisión de 2027 se puede seguir pagando durante décadas.

Y hay una línea más, discreta, dentro del pago de la deuda: Q2,600 millones para «amortizar deficiencias netas del Banco de Guatemala».

¿Qué es eso? Cuando el Banco de Guatemala hace política monetaria (por ejemplo, paga intereses para retirar quetzales de circulación y contener la inflación) puede terminar el año en pérdida. Su Ley Orgánica (art. 9) dice que, si su reserva no alcanza, esa pérdida la absorbe el Estado con bonos. Es decir, la pagamos los contribuyentes.

El detalle es que el Estado no ha pagado. Según los estados financieros auditados del Banguat de 2025, el Estado le debe Q13,329.1 millones de pérdidas de 2002, de 2011 a 2018 y de 2022, más Q16,834.2 millones del costo de la política monetaria de 1989 a 2001. Y ojo: en 2024 y 2025 el Banguat no perdió; tuvo excedentes.

Los Q2,600 millones de 2027 son, entonces, un abono a esa cuenta vieja. En 2023 se abonaron Q54.4 millones; de 2024 a 2026, nada. ¿Por qué ahora, por qué ese monto y por qué no estaba en el techo que el Ejecutivo presentó en julio? Esa es la próxima taza.

Toda deuda tiene precio. El presupuesto 2027 destina Q24,601.1 millones al servicio de la deuda: Q18,717 millones en intereses y comisiones y Q5,884.1 millones para pagar capital (Exposición de Motivos, pág. 26).

Pongamos los intereses al lado de otras cosas que sí conocemos:

Leámoslo despacio: en 2027, solo en intereses y comisiones, pagaríamos más que todo el presupuesto del Ministerio de Salud. La diferencia es de apenas Q101.5 millones; lo que impresiona es que sean prácticamente lo mismo. Lo que cuesta la deuda en un año equivale a todo lo que se le asigna a la red pública de hospitales y centros de salud del ministerio. Y los intereses ya se llevan Q14.20 de cada Q100 que se recaudan en impuestos.

Endeudarse para invertir puede dejar algo que dure. Endeudarse para operar obliga a explicar con qué se va a pagar después.

El Ministerio de Finanzas dice que el aumento del déficit es temporal. Para un puerto, lo creo: un muelle se termina. Pero una plaza creada, un programa ampliado o una transferencia nueva rara vez se van al año siguiente. Milton Friedman lo dijo mejor que yo: «no hay nada tan permanente como un programa temporal del gobierno».

Y para ser justos con el Minfin, revisemos sus propias proyecciones (Presupuesto Multianual 2027-2031, Cuadro 4). El déficit sí baja después del pico: del 4.4% del PIB en 2027 pasa a 3.2% en 2028 y 3.0% en 2031. En eso tiene razón. Pero nunca regresa: se queda en más del doble de lo que fue en 2023 (1.3%) y en 2024 (1.0%). Y el dato que importa para esta taza: el ahorro corriente sigue negativo todos los años hasta 2031. Lo que entra no vuelve a alcanzar para la operación en ningún año de la proyección. El pico es temporal; el hueco no.

El proyecto incorpora expresamente cada excepción. La pregunta es por qué se vuelve a usar y cuánto costará sostenerla, y le toca a la Comisión de Finanzas responderla antes de dictaminar:

1.        Si lo que entra no alcanza para el gasto corriente en ningún año hasta 2031, ¿cuál es el plan para que el ahorro corriente vuelva a ser positivo, y en qué año?

2.        ¿Por qué más de la mitad de los bonos van a funcionamiento, si la ley lo prohíbe como regla?

3.        ¿Cuánto se va a emitir en total en 2027, sumando la refinanciación que no aparece en el techo?

4.        ¿Qué parte de esos Q22,915 millones de operación prestada se va a quedar en 2028, y con qué se va a pagar?

El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre.

Esta es la cuenta. Y la pagamos todos. La pregunta es si nos van a seguir pasando la tarjeta sin preguntarnos.

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— Byron Castro | La Tacita de Plata · tacitadplatagt.com

Próxima taza: los Q2,600 millones para el Banco de Guatemala que no estaban en el techo de julio.

Notas: Proyecto de decreto, iniciativa 6841 del Congreso: art. 80 (págs. 156-157), art. 83 (pág. 159), art. 142 (págs. 198-199); presupuesto de ingresos (pág. 25); situación financiera, Cuadro 3 (pág. 60); intereses y deuda (págs. 57 y 14). Exposición General de Motivos: saldo de la deuda, Gráfica 5 (pág. 24); servicio de la deuda (pág. 26). Cuadros Globales: Cuadros 1 y 5. Servicios de la Deuda Pública, Cuadro 1 (pág. 2). Riesgos Fiscales (págs. 6 y 9). Presupuesto Multianual 2027-2031 (Cuadro 4, situación financiera, e indicadores como porcentaje del PIB). Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, Cuadro 6 (págs. 13-16). Bonos 2026: Decretos 3-2026 y 11-2026. Destino de los bonos 2026 y 2027: cálculo propio sobre el Cuadro 3 (tipo de gasto y fuente de financiamiento) de los anexos de cada entidad. Préstamo BCIE de hospitales: La Hora, 22 de junio de 2026. Deficiencias netas del Banguat: Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Decreto 16-2002, art. 9; Banco de Guatemala, Estados Financieros 2025 (excedentes de 2024 y 2025 y saldo de deficiencias no restituidas por el Estado).

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