SINO DESDE DÓNDE SOSTIENE SU LEGITIMIDAD

Me serví un café antes de escribir. Hoy lo necesitaba más que de costumbre.

Astrid Jeannette Lemus Rodríguez fue electa magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ese es el hecho de partida.

Lo que vino después no llegó en silencio.

Señalamientos sobre quiénes debían votar y quiénes no, la exclusión de carreras afines, la tesis de carnets falsos circulando como denuncia, acusaciones que alcanzaron tanto a ella como a la presidenta del CANG. Nada de eso es sentencia. Pero tampoco es ruido de fondo que se pueda ignorar. En política institucional, cuando hay tanto movimiento alrededor de un proceso, la pregunta siempre es la misma: ¿quién tiene interés en qué resultado?

Y luego llegó lo que, para mí, cambia completamente el foco del análisis.

Antes de juramentarse, Lemus acudió al Consejo Permanente de la OEA a exponer su caso. No fue sola: la presidenta del CANG y el propio canciller de la República la acompañaron. El gobierno de Arévalo, en persona, fue a buscar aval internacional antes de que ella tomara posesión en Guatemala.

Que quede claro: no es ilegal. No es un escándalo en términos formales.

Pero sí es una señal.

Porque una cosa es defender una elección dentro del propio sistema institucional. Otra muy distinta es buscar primero el respaldo afuera —OEA, ONU, organismos internacionales— antes de agotar los recursos internos. Cuando eso se vuelve patrón, la legitimidad deja de construirse desde adentro y empieza a depender de quién te aplaude desde afuera. Y eso, para un árbitro constitucional, es un problema serio.

En paralelo, el Ministerio Público buscó extraoficialmente una orden de captura en la Sala Tercera Penal para impedir la posesión. Hay procesos pendientes en lo contencioso administrativo, denuncias vinculadas a su paso por la USAC, y se reportó la suspensión parcial de su pensión como exmagistrada. Amparos que debían resolverse antes de la juramentación. Demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo, en distintas direcciones.

Y mientras termino este café, lo que más me pesa no es la persona. Es la institución.

La Corte de Constitucionalidad es el árbitro final de las disputas en Guatemala. No está para acompañar agendas ni para legitimarse con aplausos externos. Está para ponerle límites al poder —a cualquier poder, de cualquier color.

Mi mayor preocupación no es quién llegó. Es si llegó dispuesta a ser árbitro... o a ser jugadora.

Porque en Guatemala ya tenemos suficiente experiencia con cortes que olvidaron cuál era su papel.

Y eso, con el primer sorbo del día, cuesta más que el café.

— Byron Castro | La Tacita de Plata · tacitadplatagt.com