Me serví un café antes de escribir. Hoy lo necesitaba doble, porque el tema da para largo y termina, como casi todo en esta casa, mirándonos al espejo.

Estrenamos sección. Cafecito Internacional va a hacer lo de siempre —datos antes que opinión, aritmética que cualquiera puede replicar— pero asomándonos a la ventana del vecino. Y el vecino, esta vez, nos sirvió en bandeja dos casos que parecen diseñados para enseñar la misma lección desde lados opuestos.

Vamos a hacerlo en orden: primero los números de cada país, después la comparación, y al final lo que de verdad importa, que es lo nuestro.

Empecemos por donde manda la casa: cifras verificables en los boletines de la Registraduría Nacional.

Traigámoslo a casa para dimensionarlo: Colombia contó a un país de 41 millones en dos horas, con los partidos vigilando casi todas las mesas. Aquí todavía andaríamos buscando dónde quedaron las actas.

En primera vuelta, De la Espriella quedó primero con 43.74 % y Cepeda —el candidato de Petro— segundo con 40.91 %, a 667,995 votos. Como ninguno pasó del 50 %, vino la segunda vuelta el 21 de junio. Resultado:

Con todo eso documentado, el presidente Gustavo Petro escribió en X que, como presidente, no aceptaba los resultados: habló de software alterado y de "800,000 personas adicionales" fuera del censo. No presentó pruebas. La Registraduría lo desmintió y recordó lo elemental: el preconteo no es vinculante —el escrutinio oficial lo hacen comisiones de jueces— y, dato contra relato, históricamente no difiere de forma relevante del resultado final. En la segunda vuelta repitió el libreto: "no se puede proclamar ninguno presidente".

Y entonces llegó el martillo. El 23 de junio, la Registraduría publicó su Boletín 125 con una cifra que debería enmarcarse:

Es decir: el sistema que el presidente pasó semanas tratando de deslegitimar acertó casi a la perfección, y lo certificó el poder judicial, no la propia Registraduría.

Aquí conviene separar el hecho de la interpretación, como siempre. El hecho: el jefe de Estado en ejercicio desconoció —dos veces— un conteo producido por sus instituciones, vigilado por los partidos, avalado por observadores y validado por jueces al 99.997 %. La lectura: cuando el primer garante del sistema es el primero en minarlo, el daño se hereda; queda como precedente para cualquier perdedor futuro que quiera desconocer una urna.

Pero hay algo luminoso en medio del ruido, y es lo que de verdad nos sirve. Frente a la presión de su propio presidente, la Registraduría no se escondió, no reservó información, no se atrincheró en tecnicismos. Hizo lo contrario: mostró los datos, abrió el escrutinio a 9,000 jueces y le respondió al poder con una cifra. Le contestó hasta al hombre más poderoso del país con la verdad de las actas en la mano. Esa solvencia —la de una institución que no le teme a que la auditen— es exactamente la vara con la que vamos a medir, en un rato, a la nuestra.

Si Colombia contó en dos horas, Perú tardó más de dos semanas. No por desorden: por estrechez.

Hagamos la proporción que tanto nos gusta en esta casa: ~40,000 sobre 18.3 millones de votos válidos es cerca de dos votos de cada mil. Una elección decidida por lo que cabe en un estadio. Y durante el conteo, el liderazgo cambió de manos varias veces: Sánchez llegó a ir arriba por menos de 3,000 votos; Keiko remontó con el voto del extranjero, donde sacó más de 78,000 de ventaja.

El escenario era gasolina pura: conteo lentísimo, resultado en el filo, y un antecedente caliente —en primera vuelta, López Aliaga (tercer lugar) denunció irregularidades con tanta fuerza que tumbó al jefe de la ONPE—. Estaba todo servido para el escándalo.

Y sin embargo. Esa misma noche, cuando el conteo rápido la ubicaba abajo, Keiko Fujimori salió a decir que respetaría los resultados cuando el escrutinio llegara al 100 %, y le pidió a su rival lo mismo. Su consigna durante todo el proceso fue una que en esta columna aplaudimos sin reparos: "dato mata relato; lo importante es lo que señalan las actas y que la voluntad popular se respete".

Aceptar el resultado cuando uno va abajo no cuesta retórica: cuesta carácter. Esa es la factura que la democracia cobra en la derrota, y Fujimori se mostró dispuesta a pagarla antes de saber siquiera si tendría que hacerlo, mostró una disposición institucional que vale la pena destacar: la legitimidad de quien gobierna empieza por respetar las reglas con las que se gana o se pierde.

Y seamos honestos con el cuadro completo, porque la realidad lo es: una vez que Keiko quedó arriba, fueron sectores cercanos a Sánchez los que empezaron a hablar de presuntas irregularidades. Es la prueba de fuego al revés, y deja la lección más nítida todavía: la altura democrática no consiste en aceptar solo si ganas, sino en aceptar el conteo —ese conteo lento, transparente, revisable acta por acta— gane quien gane.

Antes de cruzar a casa, pongamos los dos casos en la misma mesa. Y ojo con la trampa más fácil: la velocidad del conteo no predice la calidad democrática.

Lo que sostiene una elección no es la tecnología del conteo ni su rapidez. Son dos cosas. Una, que los actores acepten lo que las actas digan. La otra —la que se nos olvida— que el árbitro muestre las cuentas sin que se lo rueguen. Colombia tuvo las dos. Esa combinación es la que blinda una democracia.

Guárdese esa idea, porque es exactamente la que nos toca aplicarnos.

Aquí es donde el café se enfría, porque toca vernos. Y le advierto: el contraste con lo que acabamos de ver no es cómodo.

En 2023, el Tribunal Supremo Electoral salió del proceso profundamente cuestionado, lejos del árbitro imparcial que el país esperaba, dejando atrás más dudas que certezas. Y el costo de eso no es abstracto: se mide en la calle. Hoy, cuando uno conversa con guatemaltecos de a pie, se topa una y otra vez con la misma frase amarga: "¿para qué voy a ir a votar, si el TSE ya tiene decidido quién gana?".

Esa resignación es el veneno más lento y más letal para una democracia. No mata de un golpe; mata por abandono, vaciando las urnas de a poco.

Contra ese veneno, conviene recordar algo que se planteó con claridad en un espacio donde se debatió justamente esto: defender el Estado de derecho, la democracia y la república no es solo un derecho del ciudadano. Es una obligación. El proceso electoral no se defiende solo el día de la votación; se defiende vigilándolo antes, durante y después. Porque —y esta idea hay que tatuársela— el proceso electoral nunca termina. La democracia no es ir a votar el día que toca y desaparecer hasta la siguiente elección. La patria se hace todos los días. Y también se hace pidiéndole cuentas al que organiza el voto.

Pues hagámoslo. Pidámoslas.

El TSE que acaba de tomar posesión gastó rápido el beneficio de la duda. Muchos esperábamos que entrara a limpiar la casa, a ordenar procesos, a despejar la sombra de 2023. Lo que hizo, en cambio, fue lo contrario. Pongámoslo en orden:

Y la transparencia —el corazón de todo esto— está quedando en entredicho con hechos concretos, no con sospechas. En mis gestiones como ciudadano ante el Tribunal:

Aquí es donde el espejo del sur corta de verdad:

Una institución le respondió hasta al hombre más poderoso del país. La otra no le responde al más común de los ciudadanos.

Que quede claro, porque en esta casa el método es sagrado: no estoy diciendo fraude. No usé esa palabra en la taza de la curva del Comité «Raíces», no la usé en la del sistema bajo presión, y no la voy a usar aquí. Los números, por sí solos, no permiten escribirla. Lo que sí permiten —y exigen— es preguntar.

Y lo que pido es lo único que un árbitro decente no debería temer: transparencia. Que se revisen las hojas de adhesión. Que se revisen las juntas de conformación. Que se revise el proceso completo —y no solo el de «Raíces»: el de cualquier comité, el de cualquier partido ya conformado que pudiera haberse visto beneficiado, el de cualquier cosa rara que haya ocurrido dentro del Tribunal—.

Los datos de «Raíces» que publicamos en esta casa son, como mínimo, estadísticamente atípicos. Eso no es una acusación; es una alerta. Y ante una alerta, un árbitro con solvencia moral hace lo que hizo la Registraduría colombiana: abre las puertas y muestra los números. Si todo está limpio, una revisión a fondo sería la mejor noticia que el TSE podría darle al país: despejaría la sombra de 2023 y le devolvería al ciudadano la confianza de que su voto sí cuenta.

Por eso seguimos preguntando, y por eso no vamos a soltar el tema. Las preguntas siguen en pie, fechadas y públicas, y van a seguir en pie hasta que tengan respuesta.

Cuando llegue el próximo resultado en Guatemala —el que sea, gane quien gane— la pregunta no será solo si el perdedor sabe perder. Será una más incómoda todavía: ¿el árbitro tendrá con qué demostrar que contó bien?

Colombia pudo. Lo hizo aunque le costara enfrentar a su presidente. Que conste que se lo estamos pidiendo al nuestro con tiempo de sobra.

La democracia no se sostiene sobre confianza ciega. Se sostiene sobre cuentas que cualquiera pueda revisar. Colombia las mostró aunque le tocara contradecir al poder. Lo único que le estamos pidiendo al TSE es que tenga el valor de hacer lo mismo.

Y eso, con el último sorbo del café, pesa más de lo que parece.

— Byron Castro | La Tacita de Plata · tacitadplatagt.com